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El alcalde de Aranda, Antonio Linaje, se someterá este miércoles 26 de marzo a una cuestión de confianza vinculada a la aprobación de los presupuestos municipales. La sesión plenaria está convocada para las 17:00 horas en el Consistorio de la capital Ribereña. Linaje ya anunció el pasado viernes que utilizaría esta fórmula, una vez que los grupos de la oposición tumbaron en el pleno extraordinario el proyecto de presupuestos, haciendo valer la mayoría absoluta que suman Partido Popular, Partido Socialista y Vox, según informa Burgos Conecta.
Todo apunta a que de nuevo los tres partidos volverán a votar en contra del proyecto de presupuestos y, a partir de ahí, se abrirá un plazo para la posible presentación de una moción de censura. Una posibilidad que descartan los diferentes grupos de la oposición, y que, por lo tanto, dará paso a la aprobación del presupuesto. La tensión política y los desencuentros entre el gobierno municipal (Sentir Aranda, Ciudadanos, Podemos-IU), se han hecho patentes a lo largo de estos meses, donde no ha habido posibilidad de alcanzar un acuerdo.
La propuesta de presupuesto esa la más alta de la historia del Consistorio de Aranda que asciende a 65 millones en las que se prevé con 27 millones de euros, 16 de ellos en proyectos vinculados a los fondos europeos como la ARU de Santa Catalina, la rehabilitación del Centro Cívico Virgen de las Viñas y la conversión en centro turístico de la Casa de los Maestros. Las cifras incluyen también un capítulo de liberaciones en las bases de ejecución del presupuesto que ha centrado el foco de la polémica y el desencuentro con la oposición.
En concreto se propone dedicaciones exclusivas a cuatro ediles. Una liberación completa con 42.000 euros anuales para los responsables de Promoción y Desarrollo, Medio Ambiente, Cultura y Festejos, y una cuarta del 85% a 37.000 euros anuales para la edil de Urbanismo.
Por su parte, el portavoz del PSOE, Ildefonso Sanz ya ha anunciado que en el caso de que se aprueben esos presupuestos a través de la cuestión de confianza, su intención es denunciarlos ante las Federación Española de Municipios y Provincias y la Federación Regional de Municipios y Provincias, por incluir varias enmiendas «de un concejal tránsfuga», algo que contraviene la normativa.
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