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«Hay zonas, en la frontera de Mauritania, en la que los alcaldes hacen listados con los jóvenes que han desaparecido, con las mujeres que ... un día salieron del pueblo y de las que nada han vuelto a saber». Son unas hojas de papel, unas tablas tan sencillas como dolorosas, en las que se apuntan los nombres de todas aquellas personas con las que sus familias perdieron el contacto. Lo último que saben de ellas es que estaban a punto de coger una embarcación rumbo a las Canarias, que les esperaba una patera que iba a atravesar el estrecho, que se preparaban para montar en un cayuco que se hacía a la mar. Y después, nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. El silencio más absoluto. Un silencio que, con toda seguridad, es el ruido de un naufragio en mitad del océano.
«El año pasado, casi treinta personas murieron cada día en su intento de llegar a España por el mar». Fueron 10.457 víctimas, de acuerdo con los datos recabados por la ONG Caminando Fronteras. Su portavoz, la periodista y defensora de los derechos humanos Helena Maleno (El Ejido, 1970), ha participado este jueves en una jornada sobre migración organizada por Red Íncola en colaboración con Fe y Desarrollo. En ella, Malena ha explicado la labor cotidiana de su entidad y ha animado a explorar unos «caminos de hospitalidad» que, alertó, cada vez tienen más zanjas, más boquetes y trincheras que hacen el trayecto mucho más complicado.
Fueron, durante 2024, 131 embarcaciones desaparecidas. En ellas viajaban pasajeros procedentes de 28 países. Un total de 10.457 personas que dejaron atrás familias, atrapadas en un «duelo inacabado». «Imagínate el impacto que esas pérdidas tiene en esas madres, padres, hermanos, hijos. Inician una búsqueda de sus seres queridos hasta obtener una respuesta que casi nunca llega. Los procesos migratorios nunca son individuales, sino comunitarios, impactan en la familia, pero también en el pueblo o la ciudad de la que proceden», explica Maleno, quien pone el acento en unas políticas que contribuyen a que esas muertes en mitad del océano no se atajen. Porque, dice, en esos caminos migratorios por el mar no solo viajan pateras y cayucos… también se desplaza «el odio, la xenofobia, un racismo que no es solo social, sino también institucional».
-¿Qué es el racismo institucional?
-Aquel que no permite acceder a las personas a los mismos derechos que el resto. Y detrás de ese racismo hay un negocio. Detrás de las personas que se mueven y de su explotación hay un negocio. Cuando tú no garantizas los derechos humanos, hay ventanas que se abren a la explotación sexual, del servicio doméstico… Y a la necropolítica.
-¿Qué es eso?
-Son políticas que se hacen, en el control de las fronteras, para hacer morir y dejar morir a las personas.
-Eso que dice es muy grave.
-Pero sucede. Esta idea de la necropolítica es un concepto de Achille Mbembe, un historiador de Camerún. Y nos cuenta cómo hay fronteras donde se ejerce un control que lleva a que las personas fallezcan en el tránsito. La mayoría de los cruces que ahora vemos (o los que más nos llaman la atención), aquellos en los que hay más inversión para este tipo de control, es el de lo cruces marítimos. Las políticas que implementa Meloni (Italia), Grecia o el Gobierno español nos pueden llevar a hablar de naufragios planificados.
-¿Qué son?
-Hay una convención internacional de protección al derecho a la vida en el mar. Cuando en Baleares se pierde un velero con alemanes, evidentemente sale un avión, un helicóptero, barcos a su rescate. Esto lo hemos visto. Pero cuando se alerta de una embarcación perdida en la que van personas de Mali, de Yemen, de Sudán… pues no se envían esos medios aéreos. Solamente se manda un comunicado a todos los barcos que están en el mar para decirles que, si ven algo, pues que les digan. La activación de los servicios de protección de la vida es diferente si quien está en el mar es un francés o un americano que si es un maliense o un marroquí.
En la memoria de 2024 ofrecen datos. Dicen que en el 69% de los 217 casos analizados hubo «inacción directa en los servicios de búsqueda». Que en el 27% estos mecanismos no se activaron. Que en el 17% se iniciaron con retraso. Que en el 10% hubo falta de coordinación entre países. Que en el 15% de las tragedias no hubo rescate «a pesar de disponer de las posiciones». Además, en el 29% las embarcaciones perdieron el rumbo (lo que impidió el rescate) y en el 14% estaban a distancias muy grandes para los medios disponibles.
-¿Y esto cómo se puede resolver?
-Si el Gobierno español quiere, desde mañana puede cambiar esas prácticas para respetar todos los protocolos de protección al derecho a la vida en el mar. Desde mañana, pueden permitir que las familias que vienen a poner denuncias por las personas desaparecidas lo hagan con todas las garantías, con la toma del ADN que permita luego identificar a los cuerpos. Hemos tenido el caso de familiares que han recuperado años después el cuerpo de una persona (de su hermano, desde 2021 en una morgue de Málaga) porque no había forma de cotejar el ADN. No hay que inventar nada, simplemente garantizar que se apliquen las leyes, también para las personas que están en frontera y para las familias que las están buscando.
Helena es de El Ejido, en Almería, una de las zonas de España con mayor tasa de población extranjera. «Yo vengo de una familia jornalera y, con la llegada de las personas migrantes, vi cómo aquello se convirtió en una sociedad explotadora, donde se les explotaba para el trabajo en los invernaderos. A partir de ahí, estudié Periodismo, comencé a investigar y me fui a Marruecos para ver lo que sucedía en las maquilas y los asentamientos juntos a las vallas de Ceuta y de Melilla. Y ahí me confronto con esa realidad. En el tránsito migratorio no solo hay mafias, redes criminales, sino que también está ese horror de las redadas constantes y continuas, esa negación de derechos por parte del Estado».
Pero, frente a eso, también descubrió Maleno unos salvavidas de solidaridad. «He encontrado iglesias, campamentos informales (montados con ramas y plásticos), donde se atiende a estas personas o a las familias que allí acuden para buscar a sus hijos desaparecidos». Ahí fue cuando, cuenta, decidieron fundar la ONG Caminando Fronteras. «No somos una ONG al uso, somos pequeñitos, pero a la vez muy grandes por las redes de hospitalidad que hemos tejido con las propias comunidades migrantes».
En 2007, pusieron en marcha un teléfono de alerta para personas que están en peligro en los cruces migratorios. En 2014, otro teléfono de asistencia a familias que buscan a personas desaparecidas. Desde 2015 mantienen vivo un observatorio sobre los desaparecidos y fallecidos en el proceso migratorio. «Cuando nos llaman desde una embarcación que se hunde, activamos los servicios de rescate y a partir de ahí vemos qué ha pasado con esa embarcación. Si la han encontrado. Si se han rescatado cadáveres o no. Visitamos las morgues por si se pueden identificar los cuerpos». Gracias a esta labor, gracias a esos listados de alcaldes, gracias a su contacto con las familias, todos los datos que ofrecen sobre desapariciones «sabemos que son seguros». «Pueden ser más, pero las cifras que ofrecemos son ciertas». Son 6.829 desaparecidos en 2024 en la ruta desde Mauritania, 801 desde Agaduk-Dalja. 2.127 desde Senegal. Y además, 110 en la ruta el Estrecho, 63 en la de Alborán, 517 en la argelina…
Su labor le ha costado algún disgusto. Han intentado criminalizar su labor (en 2021 fue expulsada de Marruecos) acusándola de ayudar al tráfico de personas migrantes. La causa está archivada. «Yo me he tenido que enfrentar a esa criminalización con amenazas de muerte, con esa judicialización en la que al final se ha demostrado que lo hacemos no es delito, sin solidaridad. Pero tenemos leyes en Europa que están penando esa solidaridad», explica. Y eso, en un contexto cada vez más complicado en el que crecen los discursos de odio.
«Por ejemplo, en cómo criminalizamos a la adolescencia migrante. Hemos usado un término, que se llama 'mena', para hablar de niños, niñas y adolescentes. Esa palabra ha calado tanto en la sociedad que ha servido para olvidarnos de la infancia y para hacer carteles donde se les señala. Además, se les quita la condición de personas. Se habla de ellos como un número, como un valor que está en el mercado», indica Maleno, quien ante el público de Valladolid recordó que el pasado mes de junio mantuvo una audiencia privada con el Papa Francisco. «Nos animaba a seguir trabajando, porque ese es el camino para construir hospitalidad y unas sociedades más justas».
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