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El bloqueo en las oposiciones dilata el arranque de los parques de bomberosLa puesta en servicio de los parques de bomberos de la Diputación de Segovia está pendiente de la decisión de su tribunal opositor sobre la ... validez de su prueba de conducción, el último obstáculo para otorgar las 24 plazas, hacer el reconocimiento médico y empezar la formación del personal. Han pasado casi cuatro meses desde aquel examen, cuya polémica radica en que fue dividido en dos días (11 y 12 de diciembre) y fue con remolque, algo que sostienen las bases, pero que no es habitual en procesos que recurren de forma mayoritaria a camiones.
La última decisión del tribunal fue anunciar 24 aprobados que se harían con las plazas, más otra docena en lista de espera. Por el camino quedaron un centenar de suspendidos; muchos han pedido la repetición del ejercicio a través de una decena de recursos de alzada y aseguran que llevarán el tema a la justicia ordinaria si sus demandan no son atendidas. Mientras ellos y los opositores aprobados —a un paso de convertirse en funcionarios— esperan respuesta, será imposible que llueva a gusto de todos. Y los nuevos parques están listos: trajes que buscan dueño y camiones esperando a que alguien los estrene.
La prueba de conducción fue el final de un proceso complejo. Desde el primer examen, pues hubo pocos aprobados y el tribunal bajó el corte, algo contemplado en las bases de cualquier proceso. Menos habitual es establecer baremos en las pruebas físicas por la edad: la misma marca se traducía en más puntuación para un mayor de 35 años, aunque el puesto del trabajo sea el mismo.
El supuesto práctico fue sobre electricidad, una de las materias más complicadas, aunque el tribunal no tumbó a muchos candidatos y dejó a más de cien en liza para la prueba de conducción. Lo previsto era un camión, pues uno de los requisitos para los aspirantes es el permiso C, pero las bases no lo especificaban, solo hablaban de vehículos. El tribunal anunció en la víspera que sería un semirremolque, un extremo que corrigió horas después al dejarlo solo en remolque, una diferencia importante, pues el primero requiere del C+E, el permiso para llevar tráiler, y el segundo solo exige tener el B.
Hubo opositores que habían alquilado un camión para practicar. Otros buscaron de urgencia clases de autoescuela —con escaso éxito, no es un ámbito en el que sobren las vacantes— tanto la víspera al primer examen, como el día después. Porque los opositores que se examinaban el 12 fueron el 11 a tomar nota, algo que no se impidió, como sí se hizo con el uso de los móviles en el primer examen. «Hasta que nos echaron, lo mismo vimos una tanda», cuenta uno de ellos, que asume la ventaja. Hubo quien se pasó la tarde entera en una finca practicando.
Cada opositor disponía de dos minutos antes de subirse al vehículo para preguntar dudas y cuatro minutos para completarlo sin penalización: había que enganchar el remolque al vehículo y llevarlo entre conos y vallas a un punto señalizado para volver marcha atrás, estacionarlo en el punto de inicio y desengancharlo. La convocatoria desarrollaba las sanciones por exceder el tiempo, pero no el coste de tirar un cono, una valla o tocar determinada línea, unas cuestiones que varios candidatos preguntaron en ambos días a los examinadores.
«No lo sabían ni ellos. Te decían que ya nos lo dirían después, pero lo tenemos que saber ya, por si me compensa tirar el cono o no». Este es un argumento troncal en todos los recursos. Hubo quien suspendió por exceso de cautela y consumió demasiado tiempo. A otros se les cruzó el remolque, un error ya difícil de recuperar. A eso se añade la dificultad de las medidas, que eran más justas de lo esperado.
La prueba decidió la oposición por su baja tasa de aprobados. Hubo casi el doble el día 12 (un 37%) que el 11 (un 19%). No era fácil examinar a tantos aspirantes en una sola jornada con las horas justas de sol. Los suspensos esgrimen que se pudo haber hecho simultáneamente en los dos parques (Boceguillas y Palazuelos de Eresma) o mantenerlo en fechas diferentes evitando público, pero todo solitario es susceptible a trampas. No hubo un anuncio como tal de las clasificaciones, desgranando las puntuaciones de aprobados y suspensos, sino uno con el resultado final de la oposición sumando el cómputo de ese examen a los anteriores.
En febrero llegaron los recursos de alzada. El principal reunió a 17 opositores de varias provincias, incluida Segovia, que compartieron argumentos en una unión que empezó en grupos de Telegram y ahora defiende un mismo abogado. A ese se sumaron otros ocho menos elaborados que, a grandes rasgos, defienden lo mismo. El tribunal tiene tres meses para contestar a ellos o se entenderán por desestimados.
Este gran grupo asegura que, de no repetirse el examen, defenderá sus argumentos en la justicia ordinaria, así que cabe la posibilidad de que los bomberos tomen posesión de su plaza y una decisión judicial lo invalide años después. Ya ha ocurrido en otras provincias por los tiempos dilatados de la justicia y las diferentes instancias que la constituyen.
Los bomberos son un colectivo muy reivindicativo en sus procesos de selección y no es el primero que pende de un hilo. Ha ocurrido con cierta frecuencia en el parque municipal de Segovia, que repitió su ejercicio de conducción tras las protestas de varios opositores en un procedimiento que está ya solo pendiente de los nombramientos.
La Diputación quiere ser especialmente rigurosa en la decisión, pues no es una convocatoria más, sino la que constituye un nuevo servicio. Pese a la incertidumbre, la prestación está garantizada tras la renovación del convenio con Bomberos de Segovia de la Diputación de Valladolid. Aunque el calendario da margen, la previsión es que la resolución sea inminente. Sin ser un tema desestabilizador, ha llegado a los últimos plenos, con preguntas específicas del PSOE al presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, sin más capacidad de réplica que esperar a una decisión de un tribunal técnico.
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