Ingresa en prisión el vecino condenado por la explosión de la calle Coca en Segovia

El 20 de mayo de 2021, la Audiencia Provincial de Segovia condenó a Juan Carlos A. E. a dos años y medio de cárcel y a otros dos años y medio de libertad vigilada, sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ratificó en 2022. A pesar del tiempo transcurrido, los hijos de Lucía Maroto y Gabriel Moreno, el matrimonio fallecido tras la explosión, expresan su satisfacción: «Por lo menos podremos decir que la justicia ha actuado».

Los hechos se remontan a aquella fatídica noche de verano, cuando Juan Carlos A. E. abrió dos bombonas de gas de su cocina y trasladó una de ellas hasta su dormitorio con la intención de permitir la salida del propano, inhalarlo y quitarse la vida, según expuso en su día el Ministerio Fiscal. La deflagración se produjo cuando encendió un mechero para fumarse un cigarrillo. Lucía Maroto y Gabriel Moreno, ambos de ochenta y dos años, vivían en la segunda planta del mismo edificio, justo en el piso situado encima del domicilio donde tuvo lugar la explosión. La mujer murió en la misma casa por inhalación de humo y su marido, casi un mes después en el Hospital General de Segovia.

Los bomberos encontraron al vecino responsable del hecho en el garaje del inmueble, pues la habitación donde se hallaba, situada en el primer piso, se desplomó a la planta inferior. Además de los fallecidos, ocho personas, entre ellas bomberos y policías locales, resultaron heridas por quemaduras e inhalación de humo o posteriormente han arrastrado secuelas psicológicas. El propio Juan Carlos A. E. sufrió quemaduras de tercer grado en más de la mitad de su cuerpo.

La justicia condenó al acusado por dos delitos de homicidio imprudente, tres de lesiones y uno de estragos, todos por imprudencia grave. Sin embargo, se le aplicó la circunstancia atenuante debido a su estado mental en el momento de los hechos, lo que redujo la pena que la Fiscalía pedía inicialmente. Además, se le impuso el pago de 300.000 euros en indemnizaciones a los familiares de las víctimas y los afectados. La defensa recurrió la sentencia, alegando insuficiencia de pruebas, y solicitó la absolución o una rebaja de condena, pero el falló acabó siendo confirmado íntegramente.

El ingreso en prisión del condenado, hace escasamente unos días, pone fin a un largo proceso judicial que ha mantenido en vilo a los afectados. Los hijos de los fallecidos han recibido la noticia con alivio. El desenlace no les devolverá a sus seres queridos, pero supone una recompensa al dolor y el cierre definitivo del caso, aunque aún sigue pendiente el cobro de la indemnización. «Ha recurrido todo lo que ha podido recurrir, lo que ha retrasado la ejecución de la sentencia. Alegaba las secuelas físicas que le quedaron en más de la mitad de su cuerpo, pero no podía ser que no pagara por lo que hizo. Así que, dentro de lo que cabe, que cumpla con la justicia. Fue un episodio muy doloroso que ni yo ni mis hermanos olvidaremos en toda la vida. Yo no he vuelto a ir por allí, es imposible», señala Javier Moreno, hijo de Lucía y Gabriel.

El suceso de la calle Coca dejó una huella imborrable en el barrio de San Lorenzo, cuyos vecinos recuerdan el miedo y el caos de aquella madrugada. Los bomberos, condecorados por el heroísmo demostrado al rescatar a vecinos atrapados entre las llamas y los escombros, describieron la escena como «aterradora». El edificio, gravemente dañado, quedó como un símbolo de la fragilidad ante accidentes de estas características.

Los hijos del matrimonio fallecido creen que tragedias como aquella podrían evitarse si las instituciones públicas «tomaran medidas estrictas» en cuanto a vigilancia, ayuda, seguimiento y formación de este tipo de personas. «Lo dijo nuestro padre, Gabriel Moreno, unos días antes de morir: «Yo ya sabía que esto iba a suceder»», recuerda Javier, que también tiene palabras para los vecinos afectados. «Queremos compartir con ellos la satisfacción que sentimos, pues ellos también pasaron por momentos terribles y dramáticos».