Punto doble de los sindicatos contra Vox: en los tribunales y en las Cortes

Anticipaba así que la proposición de ley de Vox para reformar el Diálogo Social se iba a quedar en el primer trámite, la toma en consideración. Y lo redondeaba con la sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León había dictado al respecto de esos recortes de las subvenciones nominativas. Sentencia presentada por Vicente Andrés (CCOO) en rueda de prensa. «La sentencia especifica que no es necesario que la subvención nominativa, que fue denegada en esos dos ejercicios, aparezca en los presupuestos generales de Castilla y León, porque ya lo recoge la ley. La sentencia obliga a restituir esa representatividad con el correspondiente reintegro de la subvención nominativa de 2023», explica el sindicato.

El PSOE, obvio, culpa de la sentencia en contra a la Junta. No solo a Vox. También al PP, a quien considera cómplice necesario de esos recortes impuestos por Mariano Veganzones. Así que Paloma Vallejo quiso dejar claro desde el primer minuto que en esto solo hay un partido culpable, el exsocio. «Sentencia que ha recaído en la Junta por la nefasta gestión que realizaron», acusó. Y luego les atizó por perezosos. «Vox, durante los más de dos años que fue titular de la Consejería de Industria, pudo formular la reforma de esta ley, pero Vox no lo solicitó». Y regresó al argumentario. «Abandonó cinco gobiernos de cinco comunidades autónomas por imposición de su presidente, Santiago Abascal».

El PSOE aprovechó la ocasión, claro. Tras la exposición inicial de Carlos Menendez, portavoz de Vox, Alicia Palomo quiso dejar claro que la Junta eran todos. Es decir, PP y Vox. Que tanto monta, en este caso, el que ejecuta como el que consiente. «Mal día para traer esta proposición de ley. El Tribubal Superior de Justicia de Castilla y León considera ilegal el recorte aplicado por Vox a las subvenciones del diálogo social», anunció. Y eso, considera el PSOE, debe traer consecuencias. «Hoy debe dimitir el Ejecutivo», dijo Palomo. «¿Se depurarán responsabilidades por esta sentencia o no van a ser tan rápidos como en el cese de la directora general [de Salud Pública] del otro día?».

Pues a juzgar por la respuesta de Paloma Vallejo, no.

Carlos Menéndez, consciente ya desde el principio de que el desenlace de la votación no apuntaba bien, advirtió de que la batalla de Vox contra los sindicatos mayoritarios no ha terminado. «La sentencia habla de un error formal, pero confirma que esas cantidades sí pueden ser reducidas. Y en eso Vox va a seguir poniendo todo su empeño», dijo. Y a continuación instó a la Junta a que recurra. «Formule recurso de casación contra esa sentencia, porque si no podría parecer que la Junta es más partidaria de regar con subvenciones a los sindicatos de clase y a la CEOE», señaló.

Tampoco cabe pensar que le sorprendiera, ya que él mismo recordaba ese pasaje que decía Vallejo en su intervención, el de la reunión de Leticia García con los agentes sociales. «Al día siguiente de registrar Vox esta proposición de ley, Mañueco se reunió con estas asociaciones por el módico precio de mil millones de euros para conseguir esa falsa paz social», acusaba Menéndez. Y proclamaba: «En Vox no vamos a parar hasta que se retire el último euro a los sindicatos UGT y CCOO».

Nada dijo de Solidaridad, el sindicato de Vox, para el que sus rivales políticos -PSOE, Unidas Podemos- tuvieron un recuerdo por el hecho de haber designado como líder de la organización a un hombre condenado por asaltar un centro de inmigrantes y «neonazi», en palabras de Pablo Fernández.

La votación tuvo incluso un punto extraño. Vox aportó 9 votos a favor, los únicos, con la ausencia de Fátima Pinacho y un voto no emitido en la bancada, el de Susana Suárez, presente en el hemiciclo. Los dos díscolos, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, votaron en contra. Y se recibieron 68 votos en contra: los de PP, PSOE, UPL, Soria ¡Ya! y Grupo Mixto. Es decir, todos los demás.