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El Gobierno ha incluido finalmente algunas de las propuestas del PP en el primer real decreto ley de respuesta inmediata a la andanada arancelaria de ... Donald Trump. En concreto, el Ejecutivo ha aceptado reducir la moratoria contable creada durante la pandemia para las empresas en riesgo de disolución y coordinarse con las comunidades autónomas como reclamaba el partido de Alberto Núñez Feijóo. En el decreto ley, que el Consejo de Ministros ha aprobado este martes, se incluye también un artículo por el que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, deberá rendir cuentas en el Congreso cada tres meses sobre la respuesta a los aranceles. «Esperamos que esta voluntad de diálogo lleve a la ratificación del decreto ley», afirmó Cuerpo, abriendo además la puerta a nuevos acuerdos. «Estamos en un momento inicial donde tenemos que ser conscientes -dijo- de que vamos a tener que hacer un seguimiento diario e ir adaptando la respuesta».
El decreto ley se modificó después de que Cuerpo hablara ayer dos veces con el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo. La primera, a las 16.00 horas, en una conversación que concluyó «sin avances ni garantías» de que el texto fuera a ser revisado para incluir las mejoras propuestas por los conservadores. Posteriormente, a las 22.00, se producía una segunda llamada en la que el ministro mostraba su voluntad de retocar el decreto como gesto para lograr su apoyo. Pasada la medianoche, a las 00.21 horas, Economía remitía ese nuevo texto en el que, según el PP, hacían «alguna modificación» que, a su juicio, es «insuficiente».
Pese al «gesto» del Gobierno, los de Feijóo insisten en que hay que modificar aspectos que consideran más importantes como son «la competitividad, la fiscalidad, el fondo nacional con la recaudación de aranceles o las medidas energéticas» que pudieran mejorar las perspectivas de las empresas españolas. De ahí que, de momento, no garanticen su apoyo a este decreto. «Entendemos sus dificultades parlamentarias y somos conscientes de que hablar de economía con el PP es alejarse aún más de sus socios. Pero ese es problema de Sánchez, no de las empresas, ni de los productores ni de los trabajadores de nuestro país», señalan desde Génova, que en todo caso agradece al Gobierno que «haya actuado en las formas de un modo diferente a como lo hicieron en otras ocasiones».
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En la cúpula del PP insisten en que siguen adelante con el diálogo y que se sentará a la mesa con el Gobierno siempre que éste les llame. Consideran que las «buenas formas están muy bien» pero se tienen que materializar en algo. «Esperemos que Sánchez dé un paso más en ese camino y no solo escuche al PP, sino que incorpore sus propuestas», afirmó el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, que ve en el ministro Cuerpo «disposición» al diálogo, pero cree que «tiene poco margen» para incorporar las propuestas que le reclama el PP.
El portavoz no ha querido aclarar qué medidas concretas exige el PP como imprescindibles para dar su respaldo a este decreto. «No se trata de medidas concretas, sino de analizar la voluntad de diálogo del Gobierno», aseveró en una rueda de prensa en el Congreso, donde volvió a dejar claro que sigue existiendo desconfianza. «Nosotros no confiamos en este Gobierno», zanjó.
La desconfianza es mutua y, no en vano, también en la Moncloa y en Ferraz llevan días dando por hecho que en algún momento los populares darán la espantada. «Vamos a un pensiones II», decían en la noche de lunes en referencia al voto del PP, el pasado enero, en contra del real decreto ley ómnibus que, entre casi más de ochenta medidas, incluía la actualización de las pensiones. Es cierto, sin embargo, que, de momento, Cuerpo y Bravo, probablemente los dos interlocutores más templados que pueden encontrarse a uno y otro lado del tablero, han conseguido establecer ciertos puentes.
El ministro insistió, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, en que la intención del Ejecutivo es articular una «respuesta de país» y, así como la víspera descartaban en la Moncloa atender a propuestas de los populares como una revisión de la política fiscal encaminada a una rebaja del IRPF, la reducción de las cotizaciones sociales o la eliminación del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica, fuentes de Economía aseguran que no cierran la puerta a nada de antemano y que habrá que ir haciendo el camino con diálogo. «No vamos a ser dogmáticos en los instrumentos», afirman.
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