La ley de eficiencia de la Justicia entra en vigor con 4.000 asuntos 'atascados' en los juzgados de Valladolid

«La entrada de asuntos más fuerte en relación a esta reforma se está dando en el último mes», confirma Alberto Mata, juez decano y magistrado del Juzgado de Primera Instancia número 8 Valladolid, que estima que están tardando «en torno a un mes» en dar salida a los distintos juzgados a cada pleito que se registra en el decanato. Mata achaca este registro masivo de demandas a que los letrados han intentado anticiparse a «la exigencia de ese requisito previo» que introduce la reciente reforma, cuyo espíritu es «limitar que se acuda a los tribunales sin ningún tipo de fundamento, derivado de un interés del profesional que representa en el procedimiento». Sumado a la «inquietud» e «inseguridad» de los letrados frente a la medida, que desconocen «qué criterios se van a seguir en cada juzgado».

Javier Martín, decano del Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA), interpreta la obligatoriedad de acudir previamente a los medios alternativos de solución de conflictos (MASC) como una «desconfianza hacia los profesionales de la abogacía», quienes ya aplican estas herramientas porque es algo que ya estaba «estatutariamente establecido».

Martín critica también que la necesidad de «documentar todo lo que se haga» para justificar que ha existido esa negociación previa, supondrá «vulnerar en cierta medida el secreto profesional». Pese a que la ley establece que solo será necesario probar que se han llevado a cabo las gestiones y no el resultado de las mismas, considera que en la práctica es «parcialmente falso», dado que «a la hora de imponer las costas el juez puede pedir que se aporten los resultados de esas gestiones para saber quien ha tenido mejor voluntad a la hora de acudir al juzgado».

«Ahora ha provocado una presentación masiva de demandas para evitar ese trámite y luego supondrá un encarecimiento de los costes«, asegura el letrado. Martín incide además en que el Ministerio de Justicia, que ha actualizado recientemente los baremos de compensación del turno de oficio, no ha tenido en cuenta su aplicación en el ámbito de la justicia gratuita, ya que las mediaciones, con un coste que puede rondar los 200 euros según estima, no están incluidas en los servicios.

Pese a la carga de trabajo que ha supuesto en las últimas semanas, el magistrado matiza que «no es tan relevante» como la sobrecarga que están sufriendo «desde hace unos dos años» los juzgados de primera instancia con reclamaciones de todo tipo y a veces por cantidades muy pequeñas». Mata pone el foco en la necesidad de más medios para dotar a la Justicia de capacidad para hacer frente a la automatización mediante el uso de la IA que están implementando «empresas especializadas que se han profesionalizado en la reclamación de estos pequeños asuntos» y que están presentando reclamaciones de «manera masiva», gracias al empuje que ha dado la jurisprudencia a las solicitudes de devolución de las cláusulas suelo, gastos hipotecarios o tarjetas 'revolving'.

Mata, que califica la situación de «colapso» en primera instancia, detalla que el pasado año solo el juzgado número cuatro, que lleva los asuntos en materia de consumo y reclamaciones financieras, se registraron 10.000 pleitos, lo que «casi triplicó la cifra del año anterior». El decanato acumula en torno a 4.000 demandas registradas que aún están sin despechar, estima el magistrado, que tomó posesión del cargo en marzo del pasado año.

Entonces la cifra alcanzaba las 9.000. «Hay un tapón en el decanato, pero también hay un plan de refuerzo, por lo que se están repartiendo más demandas de lo normal y eso hace que pasen a los juzgados un número de asuntos tan elevado que no somos capaces de digerir», explica. Una carga que está provocando «retrasos en varias jurisdicciones», especialmente en lo social y en materia civil. «En algunos juzgados de primera instancia se están haciendo señalamientos para 2027. Esto es una situación realmente alarmante», incide, dado que retrasa el acceso a la Justicia para «quien reclama unas filtraciones o los gastos de un accidente».

Con la reforma ya en vigor, el magistrado prevé que en los próximos «tres o cuatro meses» exista una «pausa o una entrada de asuntos más limitada», dado que sera necesario acreditar que se ha tratado de alcanzar una solución antes de acudir a la vía judicial, a excepción de los asuntos en los órganos penales y en Violencia de Género.

«Ahora los letrados tendrán que acudir a un trámite en el que habrán tenido que reclamar sus pretensiones, esperar la respuesta en el plazo de un mes para que te digan si aceptan o no y eso requiere un cierto tiempo de respuesta», detalla. En la misma línea, el nuevo texto legislativo contempla que si el fallo tras la acción judicial llega a la misma solución planteada en una mediación previa, «no se impongan costas«, explica.